La Brigada Blanca.

Redactado por: Gerardo Alarcón Campos. 

Ante el surgimiento de procesos de movilización social y acción colectiva donde la hegemonía del aparato del poder económico y político dominante es increpada por sectores sociales movilizados a causa de diferentes tipos de agravio que afectan el desarrollo de su vida cotidiana, el Estado, cuando se ve incapaz de dar una solución a dichos agravios mediante las vías políticas establecidas para la mediación y resolución de conflictos, emplea la violencia para mantener y reafirmar su poder.

Para implementar acciones represivas contra sectores políticamente organizados de la población, el Estado debe crear primero las condiciones que justifiquen su praxis. Una de sus primeras estrategias consiste en la despolitización de la lucha social. Al negar la existencia de actores organizados con una plataforma ideológica y política, el Estado reduce los procesos de resistencia en su contra a simples actos delictivos contra los cuales debe ejercer la fuerza para recobrar el orden. Bajo esta estrategia, los aparatos ideológicos y propagandísticos del Estado operan para negar la existencia de actores políticos, a quienes califican como saboteadores, vándalos, delincuentes, traidores a la patria o terroristas cuyas acciones perjudican a todos los sectores sociales no involucrados en el conflicto. Al crear una opinión pública adversa al movimiento social, se crea un consenso que avala el empleo de medidas coercitivas para detener la movilización social.

Una vez creada la imagen negativa del movimiento social que justifica su represión, el Estado emprende el uso de la violencia física para disolver a los procesos de protesta y resistencia Para tales fines, el Estado dispone de un aparato especializado para ejecutar la violencia física: la policía y el ejército. Junto a estos cuerpos especializados se suma la labor de los juzgados que avalan legalmente las acciones represivas, encubren y toleran las prácticas ilegales y arbitrarias realizadas por policías y soldados e imponen castigos a los actores involucrados en el movimiento.

Paralelamente a las acciones legales, el Estado también recurre a cuerpos especializados que ejercen la violencia de forma irregular, quebrantando la legalidad para proteger la estabilidad del régimen. Como menciona Max Weber, al ser el Estado el poseedor del derecho a la violencia, esta entidad puede autorizar su ejercicio por parte de cuerpos privados y secretos. A estos grupos se les conoce como paramilitares, los cuales son contratados para realizar acciones represivas funcionales al Estado por fuera de las normas legales establecidas, tales como asesinatos, torturas o desapariciones forzadas. El aparato jurídico también opera en favor de estos cuerpos privados y secretos al proteger a sus integrantes, otorgándoles impunidad u obstaculizando los procesos de procuración de justicia en su contra.

En el caso mexicano, el empleo de grupos especializados en operaciones clandestinas de contrainsurgencia ha sido habitual, ejemplo de ello son grupos como el Batallón Olimpia, los Halcones, y el Grupo Sangre. Pero el ejemplo más emblemático es el de la Brigada Especial, conocido también como la Brigada Blanca.

Hacía la década de los 70’s, el surgimiento a nivel nacional de grupos político-militares en el campo y la ciudad significó para el Estado mexicano un reto que colocaría sobre la mesa la necesidad de crear un aparato contrainsurgente coordinado operativa y administrativamente, pues las tareas contrainsurgentes se encontraban delimitadas en el contexto rural al ejército y en el contexto urbano a la Dirección Federal de Seguridad y las corporaciones policiacas locales, produciéndose en algunas ocasiones choques a causa de la competencia y rivalidades internas.

Ante el desarrollo continuo de acciones militares por parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la ciudad y valle de México, la DFS propone la creación de un cuerpo especial compuesto por las principales corporaciones policiacas y agrupamientos militares con el objetivo de detectar y eliminar a las células de la LC23S. El 7 de junio de 1976 se crea la Brigada Especial, compuesta por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Distrito, Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, Policía Militar, y el Ejército Mexicano. 

La comisión de seguridad de la Brigada Especial estaba compuesta por los de las mencionadas corporaciones policiacas, representados por el subdirector de la DFS Miguel Nazar Haro. Por su parte, el responsable de la coordinación de los grupos operativos sería el entonces comandante del 2° batallón de la Policía Militar, Francisco Quirós Hermosillo.

El documento administrativo donde se registran las necesidades operativas de la Brigada Especial menciona que dicho agrupamiento estaba compuesto por 240 elementos. El Estado mexicano proporcionaría a la Brigada toda la infraestructura material necesaria para su funcionamiento: Oficinas, vehículos terrestres y aéreos, combustible y armas. El Campo Militar No 1 se convertiría en el principal centro de operaciones de la Brigada, siendo en la cárcel clandestina localizada en este sitio el principal lugar donde los detenidos de la LC23S y otras organizaciones serían trasladados para ser sometidos a torturas y desaparición forzada. Otra sedes sería la infame Circular Morelia No. 8, y las instalaciones de la DGPT localizadas en Tlaxcoaque. 

Los agentes al servicio de la Brigada serían sometidos a un riguroso entrenamiento físico y psicológico, destinado a labores de espionaje, detección y eliminación de explosivos, e identificación de miembros de las organizaciones político-militares, así como métodos de interrogación y tortura física y psicológica.

La Brigada Especial construiría a su alrededor una simbología muy particular. El nombre de Brigada Blanca nace en contraposición a la Brigada Roja, el grupo de élite de la LC23S, responsable de ajusticiamientos contra elementos policiacos. En este sentido, el color blanco significaría para los agentes un símbolo asociado a la justicia que harían en venganza a sus compañeros caídos. 

Por otra parte, el símbolo usado para representar a dicho agrupamiento se encontraba conformado por un rostro cuya mitad correspondía a un tigre (animal también emblemático de la DFS) mientras la otra correspondía a un cráneo humano. Este símbolo revela el carácter siniestro de este grupo, cuyos agentes tenían licencia para ejercer el mayor dolor posible sobre los detenidos y para matarlos en cuanto se diera la orden. 

Dicho símbolo también se encontraría presente en las armas fabricadas especialmente para los agentes de esta brigada, ya que, como menciona Sergio Aguayo, dentro de la DFS, existía cierta noción de superioridad dentro de los agentes, propiciado internamente como un sentimiento de orgullo a la pertenencia a un cuerpo de élite compuesto por personal minuciosamente seleccionado. 

Paralelamente con la creación de la Brigada Especial, se crearía el denominado Plan de Operaciones No 1, Rastreo, destinado a detectar las zonas de influencia y casas de seguridad de la LC23S. La Brigada Blanca sería desplegada en zonas fabriles y escolares con el objetivo de detectar a las brigadas y casas de seguridad de la Liga.

Las operaciones de la Brigada Blanca eran sumamente llamativas, pues implicaban el despliegue amplio de agentes y vehículos, así como el desarrollo de violentos enfrentamientos entre guerrilleros y agentes. Así mismo, la Brigada también sería empleada para detener ilegalmente a militantes y activistas involucrados en movimientos políticos legales, con el propósito de intimidar y desmovilizar a los actores involucrados en distintos procesos de movilización social. Si bien, las actividades de la Brigada se circunscribieron al área de la Ciudad y Valle de México, existen testimonios que hacen referencia a la coordinación de este grupo con otros similares creados para ejercer acciones contrainsurgentes al interior del país, así como su participación dentro de la Operación Silenciador, destinada a eliminar a la Unión del Pueblo.

Pese a lo visible de esta agrupación, el Estado mexicano en reiteradas ocasiones negaría su existencia. Sin embargo, esta sería plenamente confirmada después de que el reportero Carlos Marín publicara en el número 166 de la revista Proceso un documento confidencial de la DFS que revelaba el funcionamiento de esta agrupación. Sin embargo, pese a las demandas hechas por parte de familiares de los detenidos-desaparecidos y por víctimas directas de la represión, el Estado mexicano jamás actuaría en contra de dicho agrupamiento. El grupo continuaría operando hasta la disolución de la DFS en el año de 1985. 

*Fuentes de Referencia:

- [Tiempo Suspendido] Una historia de la desaparición forzada en 

México, 1940-1980: Camilo Vicente Ovalle.

- El Policía: Rafael Rodríguez Castañeda.

- Nazar, la historia secreta: Jorge Torres.

- La Charola, Una historia de los servicios de inteligencia en México: Sergio Aguayo.

- La Brigada Especial. Un instrumento de contrainsurgencia urbana en el Valle de México (1976-1981): Rubén Ortiz Rosas.